Incredulidad. Eso es lo que he sentido al escuchar esta mañana la noticia de que varios ministros españoles intentaron que el caso Couso se archivara sin que los culpables pagaran. Los cables de las embajadas de Estados Unidos han sido hechos públicos por la web Wikileaks (no sé si será mi ordenador, pero ahora mismo el link no funciona...), convertida en uno de los mayores peligros para los gobiernos de todo el mundo. Un Watergate de proporciones descomunales: el "Cablegate".
Son varias las informaciones extraídas de estos documentos, pero la que más afecta a España es el intento de varios ministros españoles (Juan Fernando López Aguilar, ex ministro de Justicia y Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Asuntos Exteriores) y de la anterior vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, de cerrar el caso que investigaba la muerte de José Couso. Recordemos que Couso, cámara de Telecinco, murió por el disparo de un tanque estadounidense contra el hotel Palestina, en el que se alojaban la mayoría de los periodistas internacionales que cubrían la ocupación de Bagdag. Y recordemos también que una de las principales promesas electorales del gobierno al que pertenecían estos ministros fue retirar las tropas de Irak. Parece que todo esto no tenga sentido...
Se puede entender que un país intente evitar que sus militares sean juzgados, pero es más difícil comprender que un gobierno apoye el archivo de un caso sobre la muerte de uno de sus ciudadanos. Pero aún más, esto implica que todo eso que nos han contado de la separación entre poder judicial y político era un cuento que no se creen ni los niños. Afortunadamente, las presiones parecen que no han hecho mella suficiente y el caso Couso sigue abierto, aunque Interpol ha decidido no buscar a los tres militares implicados en la muerte del cámara, alegando que fue un crimen militar.
Quiero pensar que esta noticia no es cierta. Pero que la mayoría de los políticos no hagan caso de las informaciones o pidan ignorarlas (imposible, pues ya se conocen) y que solo Gaspar Llamazares (IU) haya pedido al gobierno que comparezca, da una idea de lo que está ocurriendo.
Se puede entender que un país intente evitar que sus militares sean juzgados, pero es más difícil comprender que un gobierno apoye el archivo de un caso sobre la muerte de uno de sus ciudadanos. Pero aún más, esto implica que todo eso que nos han contado de la separación entre poder judicial y político era un cuento que no se creen ni los niños. Afortunadamente, las presiones parecen que no han hecho mella suficiente y el caso Couso sigue abierto, aunque Interpol ha decidido no buscar a los tres militares implicados en la muerte del cámara, alegando que fue un crimen militar.
Quiero pensar que esta noticia no es cierta. Pero que la mayoría de los políticos no hagan caso de las informaciones o pidan ignorarlas (imposible, pues ya se conocen) y que solo Gaspar Llamazares (IU) haya pedido al gobierno que comparezca, da una idea de lo que está ocurriendo.
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